El problema de la Democracia

9 feb

Pío XII

… Apenas si es necesario recordar que, según las enseñanzas de la Iglesia, no está prohibido el preferir para la república una forma de gobierno popular, salva siempre la doctrina católica sobre el origen y ejercicio del poder, y que la Iglesia no reprueba ninguna forma de gobierno con tal que sea apto para la utilidad de los ciudadanos.

…Nos dirigimos Nuestra atención al problema de la democracia, a fin de examinar las normas según las cuales habrá de regularse, para que se pueda llamar verdadera y sana democracia, adaptada a las circunstancias del momento presente, esto indica con claridad que la preocupación y la solicitud de la Iglesia se dirige no tanto a su estructura y organización exterior-las cuales dependen de las aspiraciones peculiares de cada pueblo-, cuanto al hombre, como tal, que, lejos de ser el objeto un elemento pasivo de la vida social, es, por el contrario, y debe ser y permanecer, su sujeto, su fundamento, su fin.

 

   Una vez concedido que la democracia, entendida en amplio sentido, admite distintas formas y puede tener su realización así en las monarquías como en las repúblicas, a Nuestro examen se presentan dos cuestiones: 1ª ¿Qué caracteres deben distinguir a los hombres que viven en la democracia y bajo el régimen democrático? 2ª¿Qué caracteres deben distinguir a los hombres que en la democracia ejercen el poder público?

 

I. LOS CIUDADANOS

 

  Manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le vienen impuestos, no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado: he ahí dos derechos del ciudadano que encuentran su expresión en la democracia, según indica su propio nombre. Por la solidez, por la armonía, por los buenos frutos de este contacto entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, puede reconocerse si una democracia es verdaderamente sana y equilibrada, y cuál es su fuerza de vida y de desarrollo. En lo que toca después a la extensión y a la naturaleza de los sacrificios requeridos a todos los ciudadanos- en nuestros tiempos en que tan vasta y decisiva es la actividad del Estado-, la forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado natural impuesto por la misma razón. Pero, cuando se aboga por una mayor y mejor democracia, semejante exigencia no puede tener otro significado que el colocar al ciudadano en condiciones cada vez mejores de tener su propia opinión personal, y de expresarla y hacerla valer de manera conducente al bien común.

  De esto se deriva una primera conclusión necesaria, con su práctica consecuencia. El Estado no contiene en sí mismo y no reúne mecánicamente, en un determinado territorio, una aglomeración amorfa de individuos. En realidad es, y debe ser, la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo.

   Pueblo y multitud amorfa o, según suele decirse, masa, son dos conceptos distintos. El pueblo vive y se mueve por su propia vida; la masa de por sí es inerte, y no puede ser movida sino desde fuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales -en su propio puesto y según su propio modo- es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. Por lo contrario, la masa espera el impulso del exterior, fácil juguete en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, dispuesta a seguir, cambiando sin cesar, hoy esta, mañana aquella otra bandera. De la exhuberancia de vida de un verdadero pueblo se difunde la vida, abundante, rica, por el Estado y por todos sus organismos, infundiéndoles, con un vigor sin cesar renovado, la conciencia de su propia responsabilidad, el verdadero sentimiento del bien común. Es verdad que el Estado  puede también servirse de la fuerza elemental de la masa, manejada y aprovechada con habilidad: en las manos ambiciosas de uno solo o de muchos agrupados artificialmente por tendencias egoístas, el mismo Estado puede, con apoyo de la masa, reducida ya a no ser sino una simple máquina, imponer su voluntad a la parte mejor del verdadero pueblo: el interés común que da así gravemente herido por largo tiempo, y la herida muy frecuentemente es difícil de curar.

  De donde se deduce clara otra conclusión: la masa-según Nos la acabamos de definir ahora-es la enemiga capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de igualdad.

   En un pueblo digno de ese nombre, el ciudadano siente en sí mismo la conciencia de su personalidad, de sus deberes y de sus derechos, de su propia libertad, unida al respeto de la libertad y de la dignidad ajenas. En un pueblo digno de ese nombre, todas las desigualdades, que se deriven no del capricho, sino de la naturaleza misma de las cosas, desigualdades de cultura, de riquezas, de posición social-sin perjuicio, naturalmente, de la justicia y de la mutua caridad- no son en realidad obstáculo alguno para que exista y predomine un auténtico espíritu de comunidad y de fraternidad. Más aún, esas desigualdades, lejos de menoscabar en modo alguno la igualdad civil, le confieren su legítimo significado, esto es, que, frente al estado, cada uno tiene el derecho de vivir honradamente su propia vida personal, en el puesto y en las condiciones ñeque los designios y las disposiciones de la Providencia le hayan colocado.

   En contraposición a este cuadro del ideal democrático de libertad y de igualdad, en un pueblo que esté gobernado por manos honradas y previsoras, ¡qué espectáculo ofrece un Estado democrático que quede abandonado al arbitrio de la masa! La libertad, como deber moral de la persona, se transforma en una pretensión tiránica de dar libre desahogo a los impulsos y a los apetitos humanos, con daño para los demás. La igualdad degenera en una nivelación mecánica, en una uniformidad monócroma. El sentimiento del verdadero honor, la actividad personal, el respeto a la tradición, la dignidad, en una palabra, todo cuanto da un valor a la vida, poco a poco se hunde y desparece. Y entonces tan sólo sobreviven, de una parte las víctimas engañadas por el atractivo aparente de la democracia, confundido ingenuamente con el espíritu mismo de la democracia, con la libertad y la igualdad, y, de otra parte, los explotadores más o menos numerosos que han sabido, mediante la fuerza del dinero o e la organización, asegurarse sobre los demás una posición privilegiada y aun el mismo poder.

 

II. LOS GOBERNANTES

 

   El Estado democrático, sea monárquico o republicano, debe, como toda otra forma de gobierno, estar investido con el poder de mandar con autoridad verdadera y eficaz. El mismo orden absoluto de los seres y de los fines, que señala al hombre como persona autónoma, o sea, como sujeto de deberes y de derechos inviolables, raíz y término de su vida social, abraza también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría ni existir ni vivir. Y si los hombres, valiéndose de la libertad personal, negaran toda dependencia de una autoridad superior dotada con el derecho de la coacción, por ello mismo socavarían el fundamento de su propia dignidad y libertad, esto es, aquel orden absoluto de los seres y de los fines.

   Establecidos sobre esta misma base, la persona, el Estado, el poder público, con sus respectivos derechos, están tan unidos y conexos entre sí que, o se mantienen firmes o se arruinan conjuntamente.

   Y puesto que aquel orden absoluto, a la luz de la sana razón, y concretamente de la fe cristiana, no puede tener otro origen sino un Dios personal, Creador nuestro, síguese que la dignidad  del hombre es la dignidad de la imagen de Dios, la dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios, la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios.

   Ninguna forma de Estado puede dejar de tener en cuenta esta conexión íntima e indisoluble; menos que ninguna otra, la democracia. Por lo tanto, si quien tiene el poder público no la ve o la desdeña más o menos, sacude en sus bases su propia autoridad. Igualmente, si no tuviere bastante en cuenta semejante relación, y si no viere en su cargo la misión de realizar el orden querido por Dios, surgirá el peligro de que el egoísmo del poder o de los intereses prevalezca sobre las exigencias esenciales de la moral política y social, y que las vanas apariencias de una democracia de pura forma sirvan con frecuencia de máscara a cuanto allí hay en realidad de menos democrático.

   Solamente la clara inteligencia de los fines señalados por Dios a toda sociedad humana, unida al profundo sentimiento de los sublimes deberes del trabajo social, puede colocar a aquellos que han recibido el poder en situación de cumplir sus propias obligaciones, ora del orden legislativo, ora del judicial o ejecutivo, con aquella conciencia de su propia responsabilidad, con aquella objetividad, con aquella imparcialidad, con aquélla lealtad, con aquella generosidad, con aquella incorruptibilidad, sin las cuales un gobierno democrático difícilmente lograría obtener el respeto, la confianza y la adhesión de la parte mejor del pueblo.

   El sentimiento profundo de los principios de un orden político y social, sano y conforme a las normas del derecho y de la justicia, es de singular importancia en aquellos que, en cualquier forma de régimen democrático, tienen el poder legislativo total o parcialmente, como representantes que son del pueblo. Y puesto que en el centro de gravedad de una democracia normalmente constituída reside en esta representación popular, de la cual se irradian las corrientes políticas por todos los campos de la vida pública –así para el bien como para el mal-, la cuestión de la elevación moral, de la capacidad práctica, de la competencia intelectual de los diputados en el parlamento, es para todo un pueblo organizado democráticamente una cuestión de vida o de muerte, de prosperidad o de decadencia, de saneamiento o de perpetuo malestar.

   Para realizar una acción fecunda, para conciliar la estimación y la confianza, todo cuerpo legislador –según atestiguan indubitables experiencias-, tiene que extraer de su seno una selección de hombres, espiritualmente eminentes y de firme carácter, que se consideren como representantes de todo el pueblo y no como mandatarios de una muchedumbre, a cuyos particulares intereses se sacrifican, desgraciadamente con frecuencia, las verdaderas necesidades y las verdaderas exigencias dl bien común. Una selección de hombres, que no se limite a alguna profesión o condición determinada, antes bien sea la imagen de la múltiple vida de todo el pueblo. Una selección de hombres de sólidas convicciones cristianas, de juicio justo y seguro, de sentido práctico y justo, conforme consigo mismo en todas las circunstancias; hombres de doctrina clara y sana, de propósitos firmes y rectilíneos; sobre todo, hombres capaces, en virtud de la autoridad que se deriva de su pura conciencia y se irradia ampliamente en torno a ellos, de ser guías y directores especialmente en los tiempos en que las apremiantes necesidades sobreexcitan la impresionabilidad del pueblo, y lo hacen más fácil al desvío y a la perdición, hombres que en la épocas de transición, generalmente atormentadas y desgarradas por las pasiones, por la discrepancia de opiniones y por la oposición de programas, sientan por doble razón su deber de hacer que circule, por las venas del pueblo y del Estado atacadas por mil fiebres, el antídoto espiritual de los criterios claros, de la bondad desprendida, de la justicia igualmente favorable a todos, y la tendencia de la voluntad hacia la unión y la concordia nacional dentro de un espíritu de sincera fraternidad.

   Los pueblos, cuyo temperamento espiritual y moral es bastante sano y fecundo, encuentran en sí mismos y pueden dar al mundo los heraldos y los instrumentos de la democracia, que viven en aquellas disposiciones y saben llevarlas realmente a la práctica. Mas donde, por lo contrario, faltan esos hombres, otros vienen a ocupar su puesto, convirtiendo la actividad política en campo de su ambición, en carrera de lucro para sí mismos, para su casta o para su clase, mientras la caza de los intereses particulares hace perder de vista y pone en peligro el verdadero bien común.

 

Absolutismo del Estado

 

   Una sana democracia, fundada sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas, será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin freno ni límites y que hace también del régimen democrático, no obstante la contrarias pero vanas apariencias, un verdadero y simple sistema de absolutismo.

   El absolutismo del Estado ( que no ha de confundirse, como tal, con la monarquía absoluta, de la cual no se trata aquí) consiste de hecho en el principio erróneo de que la autoridad del Estado es ilimitada, y que de frente a ella –hasta cuando da libre curso a sus intenciones despóticas, sobrepasando los límites del bien y del mal-, no se admite ninguna apelación a una ley superior y moralmente obligatoria.

   Un hombre, dominado por ideas rectas sobre el Estado y la autoridad y el poder de que se halla revestido, como custodio del orden social, nunca jamás pensará en ofender la majestad de la ley positiva en el campo de su natural competencia. Pero esta majestad del derecho positivo humano tan sólo es inapelable cuando se conforma –o al menos no se opone- al orden absoluto, establecido por el Creador e iluminado con una nueva luz por la revelación del Evangelio. Aquella no puede subsistir, sino en cuanto respeta el fundamento sobre que se apoya la persona humana, así como el Estado mismo y el poder público. Este es el criterio fundamental de toda sana forma de gobierno, incluso la democracia, criterio con el cual ha de juzgarse el valor moral de cada ley particular.(…)

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