Etiquetas: aborto, Derecho a la vida frente al aborto
Frente a las diversas preguntas e inquietudes que nos han sido expresadas en los pasados días, hemos decidido ofrecer algunas orientaciones prácticas sobre el mecanismo que existe en Colombia para la elección de los congresistas, y sus implicaciones en la toma de decisión.
En el año 2003, el Congreso aprobó una reforma del sistema electoral que acabó con el sistema de listas múltiples y elección por cociente, que permitía la proliferación de listas uninominales, pequeños movimientos y candidatos independientes. En las elecciones de 2002, en los 100 escaños del Senado, había más o menos 38 listas diferentes representadas.
Con la reforma se impuso la lista única y se adoptó el sistema de cifra repartidora, que impone un umbral de participación mínimo para ser incluido dentro del conteo de escaños, y aún dentro de este conteo se favorece a los partidos con mayores votaciones. El sistema divide el total de votos válidos entre el número de escaños a repartir, y se divide el resultado entre 2. La cifra resultante será el umbral de participación, es decir, el mínimo de votos requeridos para que el partido sea tenido en cuenta al repartir los escaños. Posteriormente se divide el total de votos de cada partido por 1, por 2, por 3, hasta el número de escaños a repartir. Así:
Luego se organizan los resultados de mayor a menor, hasta completar el número de escaños, y la última cifra obtenida será la cifra repartidora. Esta cifra divide el total de votos de cada partido y entrega el número de escaños que a cada partido le corresponde. Con este sistema se favorece a los partidos que obtuvieron mayores votaciones, por lo que obliga a los partidos más pequeños a buscar algún tipo de coalición.
Los partidos pueden presentar listas cerradas o con voto preferente, es decir, que dentro del partido por el que votan, votan además por un candidato en específico. Es importante aclarar que aunque el voto sea uno solo, en realidad se vota primero por un partido, y luego por un candidato dentro de este. ¿Qué significa esto? Significa que los votos preferentes no se tienen en cuenta a la hora de calcular el número de escaño por partido, sino que una vez asignados los escaños a cada partido, se entregan a los candidatos más votados dentro de esa lista. En consecuencia, puede que el candidato por el que voté no haya alcanzado el numero de votos para salir elegido, pero de todas maneras mi voto si fue contado para el partido y pudo ayudar a completar una curul más para otro del mismo partido que obtuvo una mayor votación.
Votar es la forma en que se toman decisiones importantes en una democracia. Estas decisiones pueden ser tomadas directamente, por mecanismos como el referéndum o el plebiscito, o eligiendo a representantes para que las tomen por en nombre de uno. La democracia representativa permite que un grupo reducido de personas tengan la potestad para tomar decisiones que corresponden a toda la sociedad, de ahí que estos sean elegidos popularmente, porque su autoridad no es más que la delegación hecha por las personas que votaron por ellos.
Cuando se trata de mecanismos de participación popular como el referendo, la implicación moral del voto está dada por la decisión que se esté poniendo a consideración, varía en cada caso. Sin embargo, en el caso de las votaciones para elegir representantes, sea a nivel local, regional o nacional, los delegatarios reciben la potestad para tomar decisiones sobre temas absolutamente diversos: Declarar patrimonio nacional un carnaval, organizar el gasto anual del Estado, aumentar o disminuir impuestos, establecer delitos y penas, e incluso, declarar la guerra a otro país, o tocar temas tan delicados como el aborto, o la familia.
De esta diversidad de temas posibles se deriva la necesidad de que los candidatos presenten un programa de propuestas o principios de acción, con el cual los ciudadanos puedan tener una idea de cómo votaría el candidato en determinadas situaciones, y así elegir al que mejor los represente. Por esto es que se puede decir que cuando un congresista vota en uno u otro sentido, lo hace a nombre de aquellas personas que votaron por él.
He ahí la gravedad moral a la hora de escoger representantes: “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.” (Nota Doctrinal de la CDF sobre la participación de los laicos en la política, 4) De ahí que, por ejemplo, si el candidato por el que yo voté aprueba una ley a favor del aborto, lo hace en mi nombre, lo que es casi como si yo lo hubiera hecho.
Definir esto supone un profundo discernimiento que corresponde principalmente a los obispos como autoridades doctrinales. Tales desafíos a la fe y la moral, que por ello mismo son atentados graves contra el bien común, han variado a lo largo de la historia y por ello es tan importante la labor prudencial por parte del episcopado.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, en su nota doctrinal de 2002 nos señala algunas “exigencias éticas fundamentales” que deberían convertirse en criterio primordial de evaluación a la hora de saber por quien votar:
Luego de este documento guía, el Papa Benedicto XVI publicó la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, sobre el misterio de la Eucaristía, en la cual, sorprendentemente abordó de nuevo esta cuestión:
83. Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado.
¿Qué significa que el Papa Benedicto XVI haya llamado “no negociables” a estos valores fundamentales? Significa que no es lícito para el católico ceder en estos aspectos para tratar de conseguir otros fines también valiosos como la justicia social o el desarrollo económico. El apoyo del aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones humanos y toda otra violación contra la vida e integridad humana, la desintegración y relativización de la familia, o la anulación de la libertad religiosa, como parte del programa de un partido político o de un candidato, hace que votar por ellos represente una cooperación con el mal.
Como decíamos antes, el voto para congreso se cuenta dos veces: Una primera para determinar el número de escaños de cada partido, y otra para determinar qué congresistas de cada partido reciben esas curules (si hay voto preferente). Esto significa que antes de evaluar la moralidad de votar por tal o cual candidato, es necesario evaluar la moralidad de votar por tal o cual partido político.
Por esta razón desaconsejamos el voto a cualquier partido que entre su ideario programático se encuentren cuestiones adversas a la dignidad humana como el aborto o el “matrimonio” homosexual. Aunque se escoja a un candidato dentro de ese partido que defienda la vida y la familia, hay que considerar que por el sistema de votación existe la posibilidad de que ese candidato no alcance a quedar, pero sí otro del mismo partido que muy probablemente vaya contra esos principios. De igual forma, si ese mismo candidato obtiene una gran votación, no sólo conseguirá su escaño, sino que arrastrará a otros del mismo partido que no tenían los votos suficientes.
Por otro lado, un congresista que tenga una postura contraria a la oficial de su partido, se va a ver en una situación sumamente difícil, pues la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Bancadas, faculta a los partidos a imponer sanciones, que pueden ir hasta la pérdida de la curul, a los congresistas que no sigan las decisiones de la bancada. En 2011 mientras se discutía el Proyecto de Acto Legislativo 6/11 Senado que iba a revocar la despenalización del aborto, el senador Jorge Londoño anunció su voto a favor del proyecto, pero luego, el Partido Verde decidió que oficialmente se opondría a él, y el senador terminó hundiendo el proyecto con su voto.
El voto en blanco es una figura creada para que los ciudadanos puedan manifestar en su voto no haber encontrado opciones representativas en ninguno de los candidatos existentes. Dependiendo de la normativa en cada país, los efectos prácticos del voto en blanco pueden variar. En Colombia, la ley establece que cuando del total de votos válidos, más del 50% sean votos en blanco, se debe repetir la votación. Si es elección de presidente, gobernador o alcalde, no se podrán volver a presentar los mismos candidatos, pero si es elección de corporaciones públicas (congreso, asamblea o concejo), no se podrán presentar las listas que no hayan alcanzado el umbral de votación.
El voto en blanco es una forma plenamente legítima para expresar la inconformidad con todas las opciones presentadas. Por si mismo no representa un bien ninguno, pero si puede verse como una forma de resistir al mal. Ahora, no está de más preguntarse si quienes votan en blanco realmente han examinado a conciencia todas las opciones disponibles, pues de no hacerlo estarían evadiendo su responsabilidad con el bien común. De hecho, votar en blanco cuando de verdad haya candidatos que representen una opción válida, puede colaborar para impedir que esta llegue al congreso, pues como los votos en blanco se cuentan para el cálculo del umbral, el aumento en los votos en blanco ayuda a que las listas con menor votación queden por fuera.
En el caso de la abstención, es importante recordad lo que indica el magisterio pontificio respecto de evitar la participación en política.
“Puede muy bien suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en el gobierno de un Estado ni ocupar en él puestos políticos. Pero en general, como hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Tanto más cuanto que los católicos, en virtud de la misma doctrina que profesan, están obligados en conciencia a cumplir estas obligaciones con toda fidelidad. De lo contrario, si se abstienen políticamente, los asuntos políticos caerán en manos de personas cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado. Situación que redundaría también en no pequeño daño de la religión cristiana. Podrían entonces mucho los enemigos de la Iglesia y podrían muy poco sus amigos.” (León XIII, Immortale Dei )
“Pesada es, en consecuencia, la responsabilidad de todo el que –hombre o mujer– goza del derecho político del voto, sobre todo cuando los intereses religiosos están en peligro: en este caso, la abstención es, de por sí, sépanlo bien, un grave y fatal pecado de omisión. Por lo contrario, hacer uso y buen uso de este derecho, es trabajar con eficacia por el verdadero bien del pueblo, es obrar como leales defensores de la causa de Dios y de la Iglesia.” (Pío XII, Alocución Vous vous présentez)
Puede verse la contundencia con que los Papas critican el abstencionismo: Todo católico está obligado en conciencia a trabajar por el ben común de la sociedad, y la política es el espacio creado precisamente para esta búsqueda organizada del bien común. Por eso, cuando los valores fundamentales de la fe y la moral cristianas están en peligro, como en el caso actual, constituye pecado de omisión.
Empero, el Papa León XIII reconoce la posibilidad de una situación determinada en que no convenga participar en política, incluyendo el uso del derecho al voto. ¿Cuál podría ser esta situación? Ha de ser aquella en que cualquier tipo de participación implique necesariamente la cooperación con el mal, y por el contrario, no traiga bien ninguno. Podría pensarse en una situación hipotética en que haya elecciones pero en estas no haya ninguna opción moralmente válida, tampoco haya la posibilidad de votar en blanco, y por el contrario, el acto de votar legitime el régimen injusto.
Tomado de: Voto Católico
¿Sabías que la industria del #Aborto en EEUU produce U$S 500 millones anuales y la mayor parte va a quienes los practican
Cuando se presentó el PAL 6/11 y comenzó, de nuevo, el debate acerca del aborto en el país, el comodín argumentativo de los abortistas fue “no se puede imponer la creencia de un grupo religioso, por más que sea mayoritario, al resto de la población”. Sin embargo, la realidad posterior ha demostrado que la legalización del aborto implica una violación constante de la libertad de creencias de la mayoría de la población.
La cuestión del aborto, a nivel ético y jurídico, se concentra en una única controversia: Acerca de si el nasciturus es un ser humano y merece el reconocimiento de persona, con todos los derechos que implica, o no. Aunque muchos expresen posturas pretendidamente intermedias, en realidad, el reconocimiento de derechos al nasciturus es una cuestión de blanco y negro, pues si se le reconoce derecho a la vida es imposible la legalización del aborto sin que se viole un derecho reconocido y todo el sistema legal entre en contradicción.
Ahora, el pretendido argumento de los abortistas, arriba escrito, es a todas luces y por si mismo una falacia ad hóminem. Consiste en pretender que un argumento es falso sólo porque es esgrimido por personas de convicciones religiosas. Esto, que no es más que una artimaña para evitar tocar la médula del asunto (pues bien saben los abortistas que la realidad no les favorece mucho en ese punto), resulta en una agresión directa contra el sistema democrático colombiano, donde el 98,8% de la población es cristiana (87,3% Católica y 11,5% de otras confesiones), pues pretende que los creyentes sean despojados de su ciudadanía, es decir, de su derecho a participar activamente en la política nacional en su condición de católicos.
La razón por la cual se da esto es que, como apunté arriba, es una situación de todo o nada: o el nasciturus es una persona humana con derechos, y todo aborto está prohibido, o no lo es y entonces toda restricción al aborto es susceptible de ser desmontada. De ahí que la falacia de los abortistas, como Carlos Gaviria, se torna doble: El Estado colombiano es laico y no puede acceder a la voluntad de las mayorías creyentes, por tanto, la laicidad del Estado colombiano le obliga a someterse a ideologías particulares como el feminismo radical y la ideología de género. El Estado que legaliza el aborto no está siendo neutral, sino que impone tiránicamente la ideología de una minoría al resto de la población.
Pero además, la legalización del aborto siempre trae consigo una larga lista de violaciones a la libertad de conciencia. Empezando por la de los profesionales de la salud, y los funcionarios de entidades públicas o privadas que de algún modo queden relacionadas al aborto. Aunque en Colombia aún no se ha llegado al extremo que hay en otros países, donde los médicos y enfermeros son obligados a practicar o a participar de la práctica de abortos y los estudiantes de medicina son condicionados a tomar instrucciones sobre como realizarlos so pena de nunca graduarse, la Corte si pretende que el médico objetor sea por lo menos cómplice del aborto al obligarlo a remitir al paciente a un médico que si esté dispuesto a realizarlo. Además, bajo la obligación de informar al paciente, los médicos pueden ser obligados a difundir la propaganda y la desinformación abortista, contraria, no sólo a sus creencias, sino a la ciencia médica. Lo mismo se pretende con los funcionarios de las entidades de salud y los jueces.
La legalización del aborto viola además la conciencia y la libertad de asociación de quienes han querido fundar instituciones de salud bajo los principios hipocráticos de protección y defensa de la vida humana. En un editorial de la Red Antioquia Pro-vida, se muestra cómo todas las instituciones de salud, sin distinción alguna de sus principios institucionales, son obligadas a practicar abortos so pena de ser penalizadas, a la vez que se les impide todo tipo de garantía de que están actuando dentro de la ley, e incluso se les obliga a una celeridad mayor a la de cualquier tratamiento que sí sea importante y urgente para la vida de los pacientes.
Pero, aún hay más, luego de la sentencia C-355 de 2006, el Ministerio de Protección Social expidió el Decreto 4444 de 2006 en el que incluía el aborto dentro del Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué significa esto? Que el dinero de las contribuciones de los colombianos, independientemente de sus convicciones, iría a financiar directamente los abortos. Aunque el Decreto fue suspendido por el Consejo de Estado, el Ministerio de la Protección Social se ha gastado más de $36.000 millones de pesos en promoción del aborto, a la vez que pretendía denegar la ampliación de la licencia de maternidad en dos semanas, aduciendo falta de recursos. Posteriormente, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) expidió el Acuerdo 008 de 2009 en que nuevamente se incluía el aborto en el POS, que fue nuevamente demandado ante el Consejo de Estado, y ahora, amparados en las extralimitaciones de la Corte Constitucional, la CRES expidió el Acuerdo 29 de 2011 donde vuelve a incluir el aborto en el POS.
¿Por qué esta obstinación en que los abortos sean pagados con dinero de los contribuyentes? El reclamo por el “aborto gratuito” de los lobbys feministas es el menos defendible desde el punto de vista de los “derechos sexuales y reproductivos”, pues toma un extraño giro: “Mi cuerpo, mi decisión…, con tu dinero”. Ya lo decía Milton Friedman que no existe nada gratis en el mundo, cuando algún servicio se presenta como gratis en realidad ocurre que es otra persona la que está pagando por él. Los principales promotores del mal llamado “aborto gratuito” son, curiosamente, las organizaciones que proveen los abortos, como IPPF y Marie Stopes, y esto no significa que estas organizaciones ofrezcan sus “servicios” de forma gratuita, significa que desean a toda costa llenar sus bolsillos con el dinero de los contribuyentes. En Estados Unidos se vive una verdadera batalla por la financiación pública de abortos [1] [2] [3] [4]. El presidente Obama ha hecho todo lo posible por vaciar las arcas públicas en manos de Planned Parenthood, casi pareciera que ellos hubieran sido sus únicos electores, mientras que numerosos estados han pasado leyes para prohibir la financiación pública de abortos. Aún más, Obama ha querido amenazar a los estados con denegarles el dinero para el sistema de salud si ellos no financian a Planned Parenthood, y ahora ha expedido un mandato donde obliga a todas las organizaciones, independientemente de su carácter religioso, a pagar por anticonceptivos, abortifacientes y esterilizaciones en los seguros de salud de sus empleados. Como si no fuera bastante, los representantes de los Estados Unidos han intentado forzar la aprobación de un documento en la ONU donde solapadamente habían cambiado el termino “planificación familiar” por “anticonceptivos”, afortunadamente los delegados de otros países se dieron cuenta a tiempo y rechazaron el documento.
Ahora si, vuelvo a preguntar: ¿Quién está queriendo imponer sus creencias a quién?
Concluyo citando el mensaje del Papa Bendicto XVI a los obispos de Estados Unidos en su visita “ad limina”
Algunas tendencias culturales actuales, en la medida en que contienen elementos que quieren limitar la proclamación de esas verdades, sea reduciéndola dentro de los confines de una racionalidad meramente científica sea suprimiéndola en nombre del poder político o del gobierno de la mayoría, representan una amenaza no sólo para la fe cristiana, sino también para la humanidad misma y para la verdad más profunda sobre nuestro ser y nuestra vocación última, nuestra relación con Dios. Cuando una cultura busca suprimir la dimensión del misterio último y cerrar las puertas a la verdad trascendente, inevitablemente se empobrece y se convierte en presa de una lectura reduccionista y totalitaria de la persona humana y de la naturaleza de la sociedad, como lo intuyó con gran claridad el Papa Juan Pablo II.
La Iglesia, con su larga tradición de respeto de la correcta relación entre fe y razón, tiene un papel fundamental que desempeñar al oponerse a las corrientes culturales que, sobre la base de un individualismo extremo, buscan promover conceptos de libertad separados de la verdad moral. Nuestra tradición no habla a partir de una fe ciega, sino desde una perspectiva racional que vincula nuestro compromiso de construir una sociedad auténticamente justa, humana y próspera con la certeza fundamental de que el universo posee una lógica interna accesible a la razón humana. La defensa por parte de la Iglesia de un razonamiento moral basado en la ley natural se funda en su convicción de que esta ley no es una amenaza para nuestra libertad, sino más bien una «lengua» que nos permite comprendernos a nosotros mismos y la verdad de nuestro ser, y forjar de esa manera un mundo más justo y más humano. Por tanto, la Iglesia propone su doctrina moral como un mensaje no de constricción, sino de liberación, y como base para construir un futuro seguro.
El testimonio de la Iglesia, por lo tanto, es público por naturaleza. La Iglesia busca convencer proponiendo argumentos racionales en el ámbito público. La separación legítima entre Iglesia y Estado no puede interpretarse como si la Iglesia debiera callar sobre ciertas cuestiones, ni como si el Estado pudiera elegir no implicar, o ser implicado, por la voz de los creyentes comprometidos a determinar los valores que deberían forjar el futuro de la nación.
A la luz de estas consideraciones, es fundamental que toda la comunidad católica de Estados Unidos llegue a comprender las graves amenazas que plantea al testimonio moral público de la Iglesia el laicismo radical, que cada vez encuentra más expresiones en los ámbitos político y cultural. Es preciso que en todos los niveles de la vida eclesial se comprenda la gravedad de tales amenazas. Son especialmente preocupantes ciertos intentos de limitar la libertad más apreciada en Estados Unidos: la libertad de religión. Muchos de vosotros habéis puesto de relieve que se han llevado a cabo esfuerzos concertados para negar el derecho de objeción de conciencia de los individuos y de las instituciones católicas en lo que respecta a la cooperación en prácticas intrínsecamente malas. Otros me habéis hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de respeto de la libertad de conciencia.
En todo ello, una vez más, vemos la necesidad de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante y de la valentía de contrarrestar un laicismo reductivo que quisiera deslegitimar la participación de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad estadounidense. La formación de líderes laicos comprometidos y la presentación de una articulación convincente de la visión cristiana del hombre y de la sociedad siguen siendo la tarea principal de la Iglesia en vuestro país. Como componentes esenciales de la nueva evangelización, estas preocupaciones deben modelar la visión y los objetivos de los programas catequéticos en todos los niveles.
La contracorriente cultural de Colombia se expresó el 4 de mayo de 2013. Fe
cha histórica que marca un hito en la defensa de la vida en Colombia.Marchas en 14 ciudades del país. La nota característica: la juventud expresando su opinión en contra de la visión dominante de lo políticamente correcto y que hasta la fecha tiene a su haber el monto de más de mil millones de seres humanos abortados en todo el mundo. La marcha hace parte de la propuesta de referendo que miles de jóvenes colombianos piensan convocar para anular los causales del aborto en Colombia.
5 razones por las que la Industria del Aborto presiona en favor de los abortos químicos | NRL News Today http://t.co/DxeW0nFs7u