Breve anatomía de la universidad contemporánea

Breve anatomía de la universidad contemporánea: Felipe Cárdenas -agosto/21

El sinsentido de la violencia: sobre el paro en Colombia

Contra todas las violencias, y principalmente contra los abusos del poder.

El sinsentido de la violencia

Inadmisible toda forma de violencia, particularmente la de la Policía, como la de algunos marchantes, pero también condeno la violencia de los comuneros indígenas (Del Cric)  con personas, agresión e irrupción a barrios y destrucción del patrimonio cultural e histórico de nuestra nación. La nación colombiana es pluricultural, y de doble vía, es decir, el indigenismo a ultranza, también tiene que reconocer que existen múltiples campos perceptivos, como otros colectivos sociales y culturales, configuradores de la sociedad en su conjunto que tienen que ser respetados. Colombia, como nación es nuestro bien común, nos debe pertenecer a todos. Es riesgoso el tribalismo, los ghettos, los clanes que quieren imponer su lectura de la historia y la realidad de manera unidireccional.

Lo grave de lo que vivimos en estos días, particularmente entre quienes tienen poder político y social, es que el diálogo sea un monólogo de narcisos, en vociferaciones autoreferentes y sin fundamento político de orden constitucional que no dialogan. El abuso del poder del Estado en su violación de los derechos humanos debe ser condenado, como el abuso de unos colectivos indígenas, o del abuso de algunos (la minoría) quienes protestan, que desde luego tienen sus derechos y su necesidad de ser reconocidos, pero sus acciones también tienen sus límites.  Y desde luego todo el peso de la Ley contra los vándalos y la delincuencia común. Pero en el fondo no olvidar, que por justas que sean las reivindicaciones, ni marchantes, ni indígenas son los representantes del pueblo, de todo el pueblo y de la diversa sociedad colombiana, ni de otros colectivos sociales que también hoy tienen huella histórica en la nación colombiana: campesinos, negros, empresarios, artesanos, profesionales, obreros, grupos artísticos, ciudadanos del común, etc. 

La clave es no dejarnos engañar por fuerzas sociales cuyas agendas terminan legitimando la violencia, y las oscuras y violentas agendas de la extrema derecha y la extrema izquierda. La tesis para superar el caos, la violencia irracional y los abusos del poder, con más sólida fundamentación teórica, con errores desde luego, se llama la Constitución Política de Colombia; ella tiene que ser la carta de navegación. Las clausuras, político – militantes de un indigenismo con cuerpos cuasi policiales, que imponen el orden indígena en ciudades urbanas de raíz mestiza, tienen que analizarse bien y críticamente. Una primera mirada de benevolencia exótica y carnavalesca se entiende a la luz de la ingenuidad del ciudadano de la calle, pero no deja de ser preocupante, que la guardia indígena, termine suplantando la autoridad de la policía y de los cuerpos constitucionales del Estado, y ejerciendo también el monopolio de la violencia, cuya legitimidad legal y constitucional no tienen, y recordando además que es la guardia del Consejo Regional del Cauca, no de todos los indígenas de Colombia y mucho menos de los colombianos.

Yo no tengo todo el contexto, ni puedo pretender solucionar y comprender toda la raíz del mal que carcome a la sociedad colombiano, y una de cuyas fuentes es el dinero asesino de las mafias narco-paramilitares de Colombia y sus diversos brazos armados, y cuyos reflejos han permeado toda la institucionalidad de la sociedad colombiana, incluida la del buen salvaje de Rousseau, salvaje o imaginario que sólo existió en la mente de ese pensador francés.  Creo que también se hace importante destacar la salud del cuerpo social colombiano: miles de hombre y mujeres, la gran mayoría de los colombianos, que trabajan con fervor y honestidad por sus familias e hijos. Gente recursiva y que tiene que ser protegida por un Estado, que en su relación con el ciudadano, hay que reconocerlo, es generalmente de carácter violento. Pero la violencia del Estado y su corrupción no puede ser el modelo.

Ahora, puede que no me guste del todo el proceder de Duque, más bien me gusta poco, reconociendo que por lo que veo, es un gran trabajador, seamos sinceros en darle al Cesar lo que es del Cesar, pero ese Señor, hablo de Duque, es el representante del Estado constitucional, es decir, el principal actor político del ordenamiento democrático colombiano. El juego político, válido de la oposición y de los movimientos y partidos contra su gobierno, también tiene unos límites, y se refiere a una lectura cargada de manera negativa de todo lo que haga o venga del gobierno.  Así en el discurso de la oposición los términos son <<Gobierno burgués, capitalista, clerical, racista, opresor, corrupto…patriarcal >> Y me pregunto: ¿dónde queda la mirada autocritica de los indígenas?  Cómo de quienes están protestando, desde luego que con justa causa. Cómo he trabajado con resguardos e indígenas los conozco desde adentro, particularmente a sus autoridades de poder, que en muchos casos no representan a toda la comunidad indígena: terratenientes indígenas, corrupción con los recursos del Estado, violencia de género hacia la mujer…absoluta dependencia por la vía de las regalías de los recursos del Estado, mal uso de esas regalías. Una élite indígena que reproduce prácticas de explotación laboral pre-capitalistas en sus territorios (aparcería), abierta negación de la diferencia cultural en voces que se opongan a los dictados impuestos de sus “tradiciones culturales”. La imagen del eco-nativo colombiano, es inexistente en muchos resguardos de Colombia y como lo sabe la antropología, ha sido el producto de una construcción social de las ciencias sociales. No estoy desconociendo que los indígenas de Colombia y comunidades aborígenes del mundo, no sean los mejores ambientalistas, pero ojo con idealizar sus realidades, puesto que idealizar borra las inmensas necesidades y problemas materiales, nutricionales, como las propias tensiones al interior de esos mundos idealizados por ciertas posturas intelectuales.

Entonces, cuidado con todos los fundamentalismos político-religiosos, vengan de donde vengan. Como de los profetismos políticos. A los mesías políticos de Colombia, no falta recordarles que la la inerrancia divina, que se atribuyen en sus discursos y prácticas sociales los colectivos sociales, y líderes políticos, es sólo de Dios. Más claro: La inerrrancia es solo un atributo divino. No la tiene Duque, la oposición, Petro, Fajardo, el Congreso, los marchantes o los indígenas del país. Y como esa es una realidad ontológica la ley es el marco articulador de la solución de los diversos conflictos. Entonces el diálogo tiene que ser sobre un fundamento legal y constitucional. No es el diálogo por el diálogo.

Como ya se comentó: Para quienes estén interesados en el tema, para comprender desde un horizonte más académico las raíces del conflicto colombiano, desde una escala civilizatoria, y para ampliar las ideas que cada uno debe sacar, colgué el texto, uno de los mejores: Para comprender a los principales autores que están en la base de las llamadas revoluciones moleculares: Un excelente análisis crítico de esos autores puede hallarse en la obra de Petra Carlsson Redell:  Mysticism as Revolt. Foucault, Deleuze and Theology Beyond Representation. En la temática de los autores franceses mencionados hay un evidente clamor metafísico…sin respuesta. O, mejor dicho, con la deliberada y absoluta negativa a toda respuesta que suponga una apertura hacia la trascendencia. En ellos se descubre una ontología siempre inconclusa; una búsqueda de caminos que no llevan a ninguna parte. Todos ellos son la expresión post-moderna de un pelagianismo tardío. Pelagio [360-420], como se sabe, fue un monje británico negador del pecado original. El hombre prometeico, exaltado por los modernos y post-modernos, supone no sólo una pureza de origen alejada de cualquier pecado sino la deificación nietzscheana de lo humano que debe (según Nietzsche) llenar con creces el vacío de la muerte de Dios causada por el hombre mismo. Dice la autora en mención, citando las palabras de un poema de Karl Larsson [1853-1919], que dice que, aunque la civilización pueda aceptar el nonsense, lo carente de sentido, debemos encontrar un camino a través del common sense, del sentido común.

Finalmente, reitero que todos abusos que tienen que ser criticados, develados y sancionados. La crítica contra el abuso, y los usos no se deben confundir.  Debemos como sociedad defender los usos legítimos e institucionales que nos brinda la ley: por ejemplo, la existencia de la Policía, cuerpo civil armado, que existe desde finales del siglo XIX. El cuestionamiento legal de los abusos de la Policía no puede llevarnos a cuestionar todo el uso legítimo que como sociedad le hemos otorgado legalmente a la Policía a lo largo de la historia. En el mundo todos podemos experimentar prácticas de abuso, acoso, violencia epistémica, por ejemplo, en un Colegio. No por ello, los usos, del colegio como institución son cuestionables. Así se aplica para la noción de Estado social de Derecho, los abusos, que podemos llamar corrupción y violencia, son todos condenables, el riesgo está en confundir una crítica radical que todos debemos hacer sobre los abusos y ser muy cuidadosos de caer en una crítica sobre los usos, que podrían justificar, -solo es un ejemplo- la desaparición de los sistemas escolares, porque se podría leer equivocadamente que toda institución social de orden legal es corrupta.

Felipe Cárdenas

Éxodo:manifiesto político para la preservación de la persona humana, la naturaleza y el cosmos

Presentación del libro Éxodo. Manifiesto político para la preservación de la persona humana, la naturaleza y el cosmos. (2012-2019), escrito por el profesor Felipe Cárdenas Támara Ph.D. Los siguientes aforismos o apotegmas buscan clarificar una política de la vida, de la promoción de la persona humana, de defensa de la naturaleza y de la restauración del cosmos sagrado. Quien escribe es profesor universitario, fue candidato Vicepresidencial de Colombia para el periodo 2006-2010 por el Movimiento Ambientalistas por Colombia y Restauración Democrática. En el sentido electoral de la política, esa ha sido su única participación en el engranaje de la política colombiana marcada por los faccionalismos, la corrupción, la ineficacia y violencia del Estado y la perversión del ethos ético de la mayoría de los partidos políticos colombianos, casi todos contaminados de lo peor de la modernidad occidental. Las breves sentencias y argumentos que siguen expresan la voz de quienes no tienen voz en la política occidental, dominada por los criterios de lo políticamente correcto y del marketing político, famélico de ideas y de propuestas de cambio y de respeto de la dignidad trascendente del ser humano. Los textos se inspiran en el libro bíblico del Éxodo, y en el fondo el título expresa la realidad del sentido de la huida sagrada que los ciudadanos del siglo XXI tienen que emprender para liberarse y emanciparse del yugo que nos esclaviza. La huida es más dramática hoy que en aquellos tiempos bíblicos, puesto que el enemigo puede estar al interior de nosotros mismos. Ya no sólo vivimos en una sociedad disciplinaria, como señalaba Michel Foucault. Vivimos tiempos marcados por la decadencia del ser y la esclavitud del hombre a los ídolos del mercado.

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Por qué voto no

Visto en Razón Pública

por: José Gregorio Hernández

No escribo estas líneas desde una posición partidista. Lo hago desde la academia, con criterio objetivo, en paz y libertad, sobre la base de los razonamientos, no del insulto, ni de la descalificación. Tampoco escribo a partir del miedo, la venganza o el rencor, porque ninguno de esos sentimientos es compatible con la búsqueda de la paz.   

Tampoco busco conmover, ni despertar emociones, porque en mi criterio el voto no debe (y no puede) ser emocional, ni ser inducido a la manera de los reflejos condicionados pues con esto estaríamos tratando al ciudadano como se trata de amaestrar los animales. Por eso pienso que es una falta de respeto a la inteligencia del votante el invitarlo al Sí como un apoyo simple al sueño de la paz.  

El voto en el plebiscito no debe provenir de las pasiones sino de valorar las opciones planteadas, que deben ser medidas y sopesadas. El voto debe ser consciente. No debe emanar de la fe sino de la razón. Para ello es indispensable la plena información sobre aquello por lo cual se vota. Hay que hacerlo así para evitar el arrepentimiento inútil y extemporáneo, como el de muchos ciudadanos ingleses cuando se dieron cuenta de los efectos reales del Sí mayoritario en favor de la salida de su país de la Unión Europea.

Como en el caso de los enfermos que van a ser intervenidos, el médico debe hacer conocer de manera completa y clara los efectos de la operación y sus riesgos. De allí en adelante, lo que prima es la voluntad del paciente, en uno u otro sentido, y su decisión refleja su consentimiento informado.

El voto debe ser consciente. No debe emanar de la fe sino de la razón.

La diferencia radica en que en la “intervención quirúrgica” que se hará en Colombia para que el pueblo (o más exactamente el 13 por ciento del censo electoral) decida a favor o en contra del Acuerdo Final de Paz está en juego el porvenir del país en muchos aspectos sociales, económicos, jurídicos y políticos, así como la estabilidad institucional y el futuro de varias generaciones.

El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que, si bien no era necesario para dialogar con grupos armados, ya fue convocado. Ahora todos tenemos el derecho de votar, sea cualquiera el sentido del voto. Si estamos en una democracia participativa, ello debe hacerse en libertad, con serenidad, sin presiones, sin guerra sucia, sin descalificaciones, y respetando los criterios de los demás sobre la base de que nuestra opinión se respeta. Hay que votar de manera civilizada, Sí o No, pero con respeto y con seriedad.

Los ciudadanos colombianos ya han sido y están siendo bombardeados por la propaganda que pretende hacerlos reaccionar por reflejo y votar al impulso de las emociones. Sin embargo, quiero reiterar aquí algunos puntos del Acuerdo que, desde la perspectiva jurídica, he venido cuestionando desde hace un tiempo.

No

Procesos a favor de la paz.  Foto: Facebook Juan Manuel Santos

Ante todo quiero subrayar que no confundo, ni quisiera que mis compatriotas confundieran, la paz (como valor supremo, derecho fundamental y deber ciudadano) con el Acuerdo Final pactado entre los delegados del gobierno colombiano y los de la guerrilla de las FARC. Una cosa es el farragoso y mal redactado texto de 297 páginas que nos han puesto a votar, y otra muy distinta la paz, que debe ser el objetivo prioritario de los colombianos.

He dicho que no me opongo a los diálogos de paz. Por el contrario, he sido un amigo permanente de la concordia mediante el diálogo con miras a una solución política, en vez de la confrontación armada, que no ha dejado sino sangre, muertos, llanto y destrucción. Acompañé desde el principio la iniciativa del presidente Santos de procurar por la vía pacífica el cese al fuego bilateral y definitivo, y la terminación del doloroso y fratricida conflicto promovido y adelantado por las FARC contra el Estado colombiano. Nadie intelectualmente honesto me puede señalar como enemigo de la paz, porque no lo soy. Quienes tengan alguna duda pueden examinar las varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional con mi firma o ponencia, así como mis libros, artículos y columnas (radiales y escritas) en torno de este asunto.

Sin embargo, después del trámite y aprobación del Acto Legislativo 1 de 2016 (Acto Legislativo para la Paz), que a mi juicio no respetó las prescripciones constitucionales, he formulado observaciones sobre los vicios formales y los riesgos institucionales de esta iniciativa.

Hoy, ante la pregunta formulada por el gobierno en el plebiscito del 2 de octubre no puedo optar por el Sí porque debo conservar mi coherencia y, sobre todo, la fidelidad a mis convicciones jurídicas.

A algunos ha extrañado que quien esto escribe se incline por el No. Esta es mi decisión personal, adoptada en ejercicio de un derecho fundamental e inalienable, para el cual no requiero permiso de nadie. Adopto esta decisión en uso de mi libertad, la misma libertad que reclamo y respeto para quienes van a votar por el Sí.

Las razones

Procesos en contra del plebiscito.  Foto: Facebook Álvaro Uribe Vélez

He dado a conocer mi opinión, aclarando que no he sido ni seré vocero ni representante de movimiento o partido político alguno. Pero coincido con lo dicho y escrito en los últimos días por importantes dirigentes de distintas tendencias, en especial con lo expuesto por varios juristas sobre la validez de la respuesta negativa frente al interrogante presidencial.

Para empezar, hay que definir bien el objeto del plebiscito. Se está preguntando por el apoyo o rechazo al Acuerdo Final. No se está consultando a los colombianos si queremos que las FARC entreguen las armas y se vinculen a las instituciones. Tampoco se está preguntando si queremos que cesen en sus acciones terroristas e ingresen a la política.

La pregunta de fondo no es sobre una política o decisión del gobierno, sino sobre un documento específico que entrará en vigor el 3 de octubre y será considerado Acuerdo Especial, en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, lo que hará que ingrese automáticamente y como un todo al bloque de constitucionalidad.

Esto significa que no se votará para escoger entre la paz y la guerra, aunque así lo ha mostrado la publicidad oficial, la cual contraría a la Corte Constitucional, cuya Sentencia C-379 de 2016 exigió que el votante no fuera confundido con estas referencias. Se vota a favor o en contra de un documento construido por el gobierno y las FARC, que, además, no involucra a otras organizaciones como el ELN o las Bacrim.

Creo que habrá impunidad para los delitos cometidos contra la humanidad.

Si uno es honesto y coherente, no puede aprobar mediante el sufragio un documento con el cual no se identifica, o sobre el cual tiene serias reservas. Y yo tengo muchas reservas sobre lo previsto en el Acuerdo Final. Por ejemplo:

• Según el Acto Legislativo mencionado, el Congreso deberá convertir en reformas constitucionales y en leyes lo pactado, sin poder discutir ni modificar lo que presente el gobierno. Como si fuera poco, el presidente de la República gozará de facultades extraordinarias que él mismo se puede prorrogar.
• Los votantes van a apoyar o a rechazar emocionalmente un documento cuyos contenidos y verdaderos alcances ignoran, inducidos por una propaganda engañosa.
• En materia de justicia, discrepo del Acuerdo por razones similares a las expuestas públicamente por el vicepresidente de la República: el Acuerdo implica que puedan revivirse procesos ya fallados, desconociendo la cosa juzgada y el principio non bis in ídem (“no dos veces por lo mismo”).
• El Acto Legislativo 1 de 2016 se tramitó inconstitucionalmente. El artículo 375 de la Constitución dice que en el segundo período de sesiones para aprobar un acto legislativo “solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”. Pero en este caso fueron introducidos temas de fondo en los debates de la segunda vuelta (inclusive en el séptimo y el octavo debates).
• No comparto la adopción del Acuerdo Final como Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario, al amparo del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, ni su incorporación al bloque de constitucionalidad. Considero que los acuerdos con las FARC no encajan en el supuesto de la norma internacional, que se refiere a conflictos en curso, no a los terminados, como se supone que ocurriría en este caso.
• Creo que no se ajusta al derecho, ni a la realidad, llevar el narcotráfico a la categoría de delito conexo con el delito político.
• No acepto que el sistema de Justicia Especial de Paz incluya jueces extranjeros o designados por una ONG internacional, o por Naciones Unidas. Ese es un asunto de la soberanía del Estado colombiano, que no podemos confiar a foráneos, por destacados que sean, ajenos a nuestra realidad y a nuestro ordenamiento legal.
• No comparto la concesión de facultades extraordinarias al presidente, imprecisas y autoprorrogables, pues con ello se rompe una larga tradición jurídica y democrática, resguardada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
• En el Acuerdo hay demasiados compromisos y obligaciones que asume el Estado colombiano, sin una razonable reciprocidad por parte de la guerrilla.
• No están claras en el texto las reglas sobre penas. El lenguaje es melifluo y engañoso, y creo que habrá impunidad para los delitos cometidos contra la humanidad.

La carta del Procurador ignorada por los medios sobre el proceso de paz.

W Radio -Julio Sánchez lee la carta escrita por el procurador Alejandro Ordoñez dirigida al presidente Juan Manuel Santos que fue publicada hace pocos minutos por Los Irreverentes.

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E.S.D.

Señor Presidente:

En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones:
El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad.

Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.

Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional.

Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado.

Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro.

Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?

Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno.

Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley.

Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución.

Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos.

Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular.

Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos.

Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC. 

Atentamente,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación

«Se puede entonces acotar que por esto salió Ordóñez ya que con esta carta lo ponía en riesgo»

Importante difundir masivamente.

“La existencia de víctimas es una verdad incuestionable”

Felipe Cárdenas, moderador del Foro de Víctimas de Barranquilla

“La existencia de víctimas es una verdad incuestionable”

El Estado colombiano debe reconocerlas, indemnizarlas y garantizar que se cumpla el principio de no repetición

Por Daniella Iannini

El pasado miércoles, primero de octubre, un tercer grupo de víctimas viajó a La Habana, Cuba, para continuar las negociaciones con las FARC. Las doce personas de la delegación, representantes de regiones que no han participado en conferencias anteriores, fueron seleccionadas por la ONU, la Conferencia Episcopal y la Universidad Nacional.

Los damnificados expondrán ideas y peticiones relacionadas con el quinto punto de la agenda de diálogo, que contempla los derechos de las víctimas del conflicto armado, el cual ha existido desde hace aproximadamente 50 años en Colombia. Para preparar a los asistentes, durante los meses de julio y agosto se realizaron tres foros de víctimas regionales y uno nacional. Además, se creó la Subcomisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, y la Subcomisión de Género, que hacen parte de la mesa de negociación.

Hasta el momento, se ha llegado a acuerdos sobre la posible participación política de la guerrilla, el desarrollo rural del país y la erradicación del narcotráfico. Es la primera vez, desde 1982, cuando el expresidente Belisario Betancur inició las negociación con  los grupos insurgentes, que se incluye la opinión de las víctimas.

Sobre este asunto, Felipe Cárdenas Támara, antropólogo y ambientalista colombiano, quien participó como moderador en el Foro de Víctimas que se realizó en Barranquilla el 16 y 17 de julio, dio sus opiniones y valoraciones.

 

Daniella Iannini: Desde 1982 se ha intentado realizar acuerdos de paz con las FARC. ¿Considera usted que el contexto político actual es favorable para las negociaciones?

Felipe Cárdenas: El gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, está desarrollando una metodología efectiva con la ayuda de un quipo de asesores expertos en el tema. Además, el proceso tiene un carácter internacional, ya que está siendo supervisado por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega.

Es definitivamente una importante apuesta Nacional, porque implica aceptar la buena voluntad de un grupo armado que, debido a sus antecedentes históricos, no tiene credibilidad. Por ejemplo, una de las críticas al proceso ha sido que la negociación es asimétrica, pues las FARC no tienen apoyo popular ni representación territorial: sería muy diferente dialogar con un grupo respaldado por parte de la población. Sin embargo, es un proceso contingente, es decir, puede darse o no. Hay muchos factores que lo pueden frenar.

D.I: Usted acaba de decir que el proceso de paz es contingente. ¿Qué factores políticos lo facilitarían?¿Cuáles, por el contrario, lo podrían detener?

F.C: En primer lugar, debemos considerar la fuerza política del partido Centro Democrático, presente en el Congreso de la República y liderado por el expresidente Álvaro Uribe, que está obsesionado por encontrar, de cualquier modo, toda clase de errores en el proceso de paz. Este grupo tiene una visión extremadamente pobre, en términos conceptuales, y está reduciendo el complejo conflicto colombiano a un problema de terroristas y bandoleros, sin tener en cuenta el desarrollo histórico de las FARC.

Un segundo tema es el de las negociaciones en sí mismas. Los diálogos son complejos, porque se está tratando con personas que tienen una doctrina de pensamiento marxista muy marcada y perciben al Estado como un opresor del pueblo. Por esto, cualquier cosa, por pequeña que sea, puede trancar el proceso: es como realizar una operación quirúrgica en el cerebro y cualquier mínimo error puede terminar con los diálogos.

D.I: Coloquialmente se habla de proceso de paz. ¿Cuál es la diferencia entre obtener la paz y llegar al fin del conflicto armado?

F.C: Este es un proceso de negociación, dentro de un conflicto armado, que debe tener como parámetro básico de funcionamiento la obtención del monopolio de armas por parte del Estado. Por otro lado, el proceso de paz arrancaría con el fin del conflicto armado, porque el gobierno tendría que empezar a desarrollar una serie de políticas y reformas para satisfacer las peticiones de las FARC. Es decir, hasta el momento Colombia no ha logrado articular propuestas de desarrollo que abarquen a la totalidad de sus habitantes: es un territorio muy grande con un Estado demasiado pequeño. Además, otro punto clave es preguntarse ¿cuánto dinero vale hacer la paz? Porque, para poner en marcha el proceso de posconflicto, el nivel de tributación de toda la población tendrá que aumentar.

D.I: Las primeras negociaciones con las FARC se hicieron a partir de iniciativas civiles, apoyadas por el gobierno, por medio de las comisiones de paz. En esta ocasión, el Estado está manejando directamente los diálogos. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en el proceso?

F.C: Dentro de lo planteado por el gobierno, los acuerdos de paz serán ratificados por los colombianos mediante un plebiscito; esa sería una forma democrática de participación ciudadana. Además, la sociedad civil puede mantenerse al tanto de lo que está sucediendo en La Habana a través de los medios de comunicación y las páginas web oficiales. Pero, si hablamos de participación activa, considero que los protagonistas deben ser las víctimas del conflicto armado, quienes han estado en una serie de foros orientados a la construcción de propuestas que sirvan como referente en las negociaciones de La Habana. Ellos tienen más derecho a ser parte del proceso, pues han sido golpeados directamente por las FARC o los paramilitares.

Por otro lado, cuando hablamos de participación ciudadana, es muy importante saber que hay personas que, por su concepción ideológica, están en contra de los diálogos y pueden frenar el proceso. Considero que se debe tener una cierta discreción al momento de hacer pronunciamientos porque la gente puede interpretar los mensajes de forma equívoca.

D.I: Usted fue moderador en el Foro de Víctimas que se llevó a cabo en Barranquilla. ¿Cuál es el objetivo de estos espacios y qué entidades los organizan?

F.C: Los foros son manejados por la Universidad Nacional de Colombia, por las Naciones Unidas y por la Conferencia Episcopal. Las tres entidades han sabido coordinar sus  acciones, ya que cada una cuenta con un equipo de personas serias y comprometidas: en su mayoría son académicos que han estudiado y realizado trabajos de investigación sobre el tema. En los foros se permite a los participantes discutir, durante dos o tres días, sobre una serie de puntos propuestos por los moderadores, con el fin de elaborar documentos concluyentes con sus propuestas.

D.I: ¿Cuál es el proceso para seleccionar a las personas que viajan a La Habana o a los foros para representar a las víctimas del conflicto armado?

F.C: Las personas que viajan a La Habana son seleccionadas por la Universidad Nacional, las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Se buscan individuos que representen un sector determinado de la población vulnerada. Por otro lado, los foros de víctimas son abiertos y puede inscribirse quien quiera.

 

D.I: Hay cuatro pilares en los que se basa el quinto punto del proceso de paz: verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Las propuestas que se han planteado en los foros son acordes a los lineamientos dados por los negociadores?

F.C: En los foros de víctimas las discusiones se orientan a partir de dichos pilares. Son principios que responden a un marco de actuación internacional, tomados de otros procesos de negociación, como el de Sudáfrica, Salvador e Irlanda. Sin embargo, cumplirlos al pie de la letra resulta algo idílico, pues cada uno es muy amplio y difícil de conceptualizar. Por ejemplo, al tratar el tema de la verdad surge inmediatamente un debate, porque cada quien tiene su propia versión de los hechos. Sin embargo, debe ser absolutamente claro que hay un elemento clave en el proceso: aunque el gobierno tenga un discurso y la guerrilla otro, la existencia de víctimas es una verdad incuestionable.

 

D.I: ¿Qué tienen que ceder, tanto las víctimas como los victimarios, para llegar a un acuerdo?

F.C: En un proceso de negociación todos tienen que ceder. Las víctimas del conflicto armado deben hacer un proceso, con el debido acompañamiento psicosocial, para lograr perdonar a sus agresores. Además, el Estado colombiano tiene que  reconocerlas, indemnizarlas y garantizar el cumplimiento del principio de no repetición. La guerrilla, por su parte, ha de ser más humilde y aceptar que su discurso político-militar no es bueno para el desarrollo del país.

Del mismo modo, el gobierno necesita replantear su modelo político neoliberal, ya que ha dejado de lado los fundamentos constitucionales del Estado Social de Derecho y se ha centrado en desarrollar un política netamente mercantilista. En cierto modo, el conflicto que vive Colombia se da por el choque entre un mundo urbano, con mayores niveles de educación y oportunidades laborales, y un mundo rural, donde las personas tienen casi los mismo estándares de vida que a principios del siglo XX.

En general, necesitamos ser más humildes en cuanto a nuestros discursos políticos, pues en muchas ocasiones creemos que nuestra forma de pensar es correcta y descartamos otros modos de percibir la realidad.

D.I: Según sus estudios de antropología, ¿qué procesos deben realizar las víctimas para llegar a perdonar a los miembros de las FARC?

F.C: Para comprender el proceso deben contemplarse varias dimensiones. En primer lugar, hay que considerar el carácter individual de las personas, el cual no es objetivable. Pero, esta característica psicológica se mueve en un entrono social que puede agilizar o frenar el proceso. Es decir, si a la víctima se le dan oportunidades de crecimiento y se le muestra el conflicto como algo positivo, le será más fácil dejar de lado el odio.

En una segunda dimensión, el Estado debe ofrecer a los afectados por la violencia espacios e indemnizaciones de orden material que acompañen, a modo de facilitadores, el proceso psicológico. Sin embargo, es clave ser realistas: no podemos pensar que todo va a ser color de rosa. Nos encontramos en un país donde es altamente probable morir a causa de la delincuencia común y es evidente que el fin del conflicto armado no va a eliminar los problemas sociales restantes. Es necesario empezar a construir una cultura y educación para la paz.

D.I: Después de lo ocurrido durante la visita del segundo grupo de víctimas a La Habana, Humberto de la Calle hizo un llamado para que los participantes no fueran revictimizados. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas si se está intentando llegar a un acuerdo?

F.C: Tenemos que entender que el Estado no puede controlar las declaraciones de las FARC; es un riesgo inminente. Los voceros de la guerrilla no se pronuncian ante la prensa siguiendo una lógica gubernamental. Me explico: ellos tienen una concepción cultural e ideológica distinta y usan los diálogos como una forma de comunicar sus ideas. Es muy probable que sigan habiendo anuncios de los líderes del grupo insurgente que nos parezcan inapropiados.

D.I: Si se llegara en algún momento a un posconflicto, ¿cómo sería el tratamiento de las víctimas?

F.C: Si se llegase a un posconflicto, el Estado daría compensaciones materiales a las víctimas, pero hay cosas que son irreparables: la muerte de un hijo no tiene precio. Por este motivo, lo más importante es que se planteen políticas o modelos de desarrollo para atender las necesidades de los afectados por la violencia. Considero que, actualmente, el gobierno no tiene la fuerza suficiente para proteger a las personas y al territorio. Es necesaria una reingeniería del Estado para que el posconflicto realmente funcione.

D.I: Dicha “reingeniería” del Estado que menciona, ¿está contemplada dentro de los acuerdos a los que ya se ha llegado en la mesa de negociación?

F.C: Yo creo que sí. Los acuerdos plantean un concepto interesante con respecto al funcionamiento del Estado. Sin embargo, considero que no estamos preparados para pasar de la teoría a la práctica: ¿quién va a liderar las reformas?,¿de dónde va a salir el dinero?

Hay que comenzar por establecer una voluntad política por parte de la guerrilla para que no vuelva a tomar las armas, pues podría ocurrir que en un año o dos aún no se haya logrado cumplir lo pactado. En general, la gente debe aprender a resolver los problemas por medio de acciones políticas pacíficas, porque los conflictos van a seguir existiendo y la toma de armas siempre seguirá siendo una opción.

La paz, la corrupción lingüística, y el derrumbe de las relaciones con la verdad

Felipe Cárdenas

La primera victima del proceso de paz de Santos es la relación lingüística y la verdad. Parece que el logro de la paz romperá con el rigor de los códigos lingüísticos. Mírese en que termina reducida la categoría de crímenes de lesa humanidad. Las penas que generaría un crimen de guerra o genocidio, son de 5 a 8 años. Eso lo que quiere decir, es que la impunidad será la norma. Todo por el logro  de la paz. Evidentemente el sistema judicial colombiano, como la Constitución sufrirán una fuerte mutación semántica que tendrá el efecto de romper con la consistencia ontológica de las cadenas de significación. Los efectos: la banalización del mal en la vida de los colombianos. Todo por el logro de la paz. La Paz de Santos y de las Farc no soportan un análisis lógico de orden semántico y lingüístico. Todo por el logro de la paz. Lo cierto, es que el acuerdo de realizarse, cambiará ya sea para bien o para mal el modo de existencia de los colombianos. Ciertamente, el Acuerdo de Paz con las Farc no es la paz en sí misma. La paz tendrá que ser construida desde los usos sociales que todos los colombianos le quieran otorgar. No es simplemente una definición o un acuerdo. La paz refiere relaciones de todo orden; estas relaciones empiezan por el respeto a ciertas verdades ontológicas que parece que tanto el gobierno como la guerrilla de las Farc ignoran o no reconocen. Así, la única relación concreta que realizaron tanto la guerrilla como el gobierno, fue vincularse entre ellos y establecer una relación de hijo putativo y padre putativo. Creo que enormes sectores de la sociedad colombiana quedaron excluidos del acuerdo en mención.  Una de esas relaciones se vincula a principios no negociables. Tanto para el gobierno como para las Farc todo es negociable, por lo tanto el principio ontológico, no se cumple; es decir, estamos en el terreno de la convención social que nos impone la verdad relativa desde la que opera el gobierno y la guerrilla. Todo por el logro de la paz.

La paz del gobierno excluye el campo de los principios y busca alterar, mediante nociones como la de justicia transicional el campo lo los significados que operan en el terreno de la verdad y de las relaciones con la verdad de la palabra. La lógica empírica se viene expresando existencialmente autónoma con respecto a las verdades primeras. En palabras sencillas, la verdad y la justicia, y la reparación a las victimas se realizará a medias. No hay posibilidades ni intención en generar una justicia integral en el proceso de paz que adelanta el gobierno. Es una paz a medias.  Es una paz a medias que no va a establecer condiciones para una paz de orden existencial en la vida de los colombianos. Las corrupciones semánticas y sus implicaciones sociológicas son evidentes: i) penas ridículas para los crímenes de lesa humanidad, es decir banalización de la palabra crimen de humanidad ii) dejación de armas y no entrega de armas (lo que profundiza el derrumbe de los sentidos de la verdad) iii) justicia transicional, que es otra forma de encubrir la incapacidad del estado en lo referido a administrar justicia. Las Farc son las grandes ganadoras de este proceso. El país tendrá, bajo la política de la dejación de armas que seguir soportando las huestes armadas de las Farc en el territorio del país.

La paz, entre las convenciones sociales, y su profundo sentido.

Todo el proceso de paz que adelanta el gobierno de Santos, debe verse como la expresión de lo que constituye una convención social. Esta noción simplemente nos recuerda que la paz se configura y se ha configurado a lo largo de la historia por dictámenes sociales que han estado sujetos a las presiones de grupos sociales dominantes que imponen su concepto de paz. La paz, según lo hemos entendido es más que una convención social y tiene que  ver con el reconocimiento de una autoridad mayor que define todo un orden ontológico desde el cual se modulan las convenciones sociales, que están sujetas a los vaivenes de la historia. Así la paz, desde una dimensión ontológica nos recuerda la importancia de los primeros principios. La categoría de los primeros principios, puede  estar siendo desconocida en las negociaciones de la Habana. El estado colombiano, mediante la negociación que adelanta el gobierno podría esta bajando los estándares de justicia para plegarse a los intereses del la guerrilla de las Farc y las consecuencias éticas y morales de este proceso a mediano o largo plazo pueden ser catastróficas para la sociedad colombiana.

Por otro lado, el proceso de paz debe ser entendido como un eje fundamental para la reparación. Ahora, existen partidarios como detractores del proceso, pero más allá de un juego de posturas radicales, debemos sobreponer la paz como un objetivo unívoco de la sociedad y los entes estatales. Sin embargo, para lograr este objetivo hay que ceder y esta palabra por dolorosa que pueda llegar a ser, no debe ser entendida como algo negativo, sino como un proceso que va  a poner fin al conflicto armado más longevo del mundo. De igual forma, la institución de penas alternativas debe ser un hecho, porque la impunidad total no repara ni asegura un acuerdo de paz sostenible. Debemos lograr el fin de las FARC como un grupo armado. Ese objetivo lleva al actual gobierno a realizar concesiones que sin lugar a dudas, banalizan el tema de la justicia y de la misma maldad desde la cual han operado los actores de la violencia en Colombia.

Ante una guerra que se ha perpetuado durante 50 años en nuestro país, el hecho de una firma de un tratado de paz es un marco con acciones concretas y puntos claros sobre temas como agricultura, rebajo de penas, reparación de las víctimas parece atrayente, y un buen primer paso para el inicio de la paz, sin embargo surgen cuestionamiento sobre temas como:

1. Las penas impuestas para los victimarios son insuficientes para los crímenes que han realizado y no se propone nuevos mecanismos de resocialización que incluyan el reconocimiento de variables económicas que les lleve a reincidir, por lo que no se podía garantizar la seguridad de la población.
2. Hay problema serio de hacinamiento carcelario.
3. El narcotráfico no está contemplado dentro del acuerdo
4. Hay una ausencia de una cultura de la paz, donde no hay un cambio en la imagen del guerrillero, falta memoria histórica y re significación de las mismas. Además no existe una educación para el perdón y la convivencia.
5. Posiblemente al otorgar una participación política se puede presentar un conflicto de poderes de fondo político.
6. No existe un poder comunicativo que informe de manera clara a toda la población el proceso de la paz y sus implicaciones.

Autores:

-David Fernández Patiño – David Gladis Díaz – Laura Bonilla – Stefanía walteros Lara – María Fernanda Rueda -María Alejandra Cristancho Ruíz – Javier Fernando Velez – César Segura Sevillano-Juan David Toro Medina-Gabriella Benedetti Gómez – tephany Gil Izquierdo – Nathalia Gutiérrez – Miguel Angel Gallo – Alejandra Valenzuela – Josefina Garcés Posada-Ana María Meza M. – Ana María Chiuatá Laiton – Nicolás Urrea S. – Angie Mariana Álvarez S. – Juanita Gonzáles -Felipe Baena – Juan Pablo Gómez P. -Daniela Duque A. -Natalia Zambrano Mórtigo, Felipe Cárdenas Támara

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Cómo se elige Congreso en Colombia

 ¿Cómo se elige al Congreso en Colombia?

 

Frente a las diversas preguntas e inquietudes que nos han sido expresadas en los pasados días, hemos decidido ofrecer algunas orientaciones prácticas sobre el mecanismo que existe en Colombia para la elección de los congresistas, y sus implicaciones en la toma de decisión.

Importa más el partido del candidato

En el año 2003, el Congreso aprobó una reforma del sistema electoral que acabó con el sistema de listas múltiples y elección por cociente, que permitía la proliferación de listas uninominales, pequeños movimientos y candidatos independientes. En las elecciones de 2002, en los 100 escaños del Senado, había más o menos 38 listas diferentes representadas.

Con la reforma se impuso la lista única y se adoptó el sistema de cifra repartidora, que impone un umbral de participación mínimo para ser incluido dentro del conteo de escaños, y aún dentro de este conteo se favorece a los partidos con mayores votaciones. El sistema divide el total de votos válidos entre el número de escaños a repartir, y se divide el resultado entre 2. La cifra resultante será el umbral de participación, es decir, el mínimo de votos requeridos para que el partido sea tenido en cuenta al repartir los escaños. Posteriormente se divide el total de votos de cada partido por 1, por 2, por 3, hasta el número de escaños a repartir. Así:

Luego se organizan los resultados de mayor a menor, hasta completar el número de escaños, y la última cifra obtenida será la cifra repartidora. Esta cifra divide el total de votos de cada partido y entrega el número de escaños que a cada partido le corresponde. Con este sistema se favorece a los partidos que obtuvieron mayores votaciones, por lo que obliga a los partidos más pequeños a buscar algún tipo de coalición.

Los partidos pueden presentar listas cerradas o con voto preferente, es decir, que dentro del partido por el que votan, votan además por un candidato en específico. Es importante aclarar que aunque el voto sea uno solo, en realidad se vota primero por un partido, y luego por un candidato dentro de este. ¿Qué significa esto? Significa que los votos preferentes no se tienen en cuenta a la hora de calcular el número de escaño por partido, sino que una vez asignados los escaños a cada partido, se entregan a los candidatos más votados dentro de esa lista. En consecuencia, puede que el candidato por el que voté no haya alcanzado el numero de votos para salir elegido, pero de todas maneras mi voto si fue contado para el partido y pudo ayudar a completar una curul más para otro del mismo partido que obtuvo una mayor votación.

¿Cuál es la implicación moral de votar?

Votar es la forma en que se toman decisiones importantes en una democracia. Estas decisiones pueden ser tomadas directamente, por mecanismos como el referéndum o el plebiscito, o eligiendo a representantes para que las tomen por en nombre de uno. La democracia representativa permite que un grupo reducido de personas tengan la potestad para tomar decisiones que corresponden a toda la sociedad, de ahí que estos sean elegidos popularmente, porque su autoridad no es más que la delegación hecha por las personas que votaron por ellos.

Cuando se trata de mecanismos de participación popular como el referendo, la implicación moral del voto está dada por la decisión que se esté poniendo a consideración, varía en cada caso. Sin embargo, en el caso de las votaciones para elegir representantes, sea a nivel local, regional o nacional, los delegatarios reciben la potestad para tomar decisiones sobre temas absolutamente diversos: Declarar patrimonio nacional un carnaval, organizar el gasto anual del Estado, aumentar o disminuir impuestos, establecer delitos y penas, e incluso, declarar la guerra a otro país, o tocar temas tan delicados como el aborto, o la familia.

De esta diversidad de temas posibles se deriva la necesidad de que los candidatos presenten un programa de propuestas o principios de acción, con el cual los ciudadanos puedan tener una idea de cómo votaría el candidato en determinadas situaciones, y así elegir al que mejor los represente. Por esto es que se puede decir que cuando un congresista vota en uno u otro sentido, lo hace a nombre de aquellas personas que votaron por él.

He ahí la gravedad moral a la hora de escoger representantes: “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.” (Nota Doctrinal de la CDF sobre la participación de los laicos en la política, 4) De ahí que, por ejemplo, si el candidato por el que yo voté aprueba una ley a favor del aborto, lo hace en mi nombre, lo que es casi como si yo lo hubiera hecho.

Hoy en día ¿Qué propuestas políticas hay, contrarias a la fe y la moral cristianas?

Definir esto supone un profundo discernimiento que corresponde principalmente a los obispos como autoridades doctrinales. Tales desafíos a la fe y la moral, que por ello mismo son atentados graves contra el bien común, han variado a lo largo de la historia y por ello es tan importante la labor prudencial por parte del episcopado.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en su nota doctrinal de 2002 nos señala algunas “exigencias éticas fundamentales” que deberían convertirse en criterio primordial de evaluación a la hora de saber por quien votar:

1. leyes civiles en materia de aborto y eutanasia(que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural.
2. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano.
3. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal.
4. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos.
5. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución).
6. No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa.
7. El desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio».
8. Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»;[22] exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política.

Luego de este documento guía, el Papa Benedicto XVI publicó la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, sobre el misterio de la Eucaristía, en la cual, sorprendentemente abordó de nuevo esta cuestión:

83. Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado.

¿Qué significa que el Papa Benedicto XVI haya llamado “no negociables” a estos valores fundamentales? Significa que no es lícito para el católico ceder en estos aspectos para tratar de conseguir otros fines también valiosos como la justicia social o el desarrollo económico. El apoyo del aborto, la eutanasia, la manipulación de embriones humanos y toda otra violación contra la vida e integridad humana, la desintegración y relativización de la familia, o la anulación de la libertad religiosa, como parte del programa de un partido político o de un candidato, hace que votar por ellos represente una cooperación con el mal.

¿Se puede votar por un candidato provida o pro-familia que se presenta por un partido que es programáticamente pro-aborto o pro-Ideología de Género?

Como decíamos antes, el voto para congreso se cuenta dos veces: Una primera para determinar el número de escaños de cada partido, y otra para determinar qué congresistas de cada partido reciben esas curules (si hay voto preferente). Esto significa que antes de evaluar la moralidad de votar por tal o cual candidato, es necesario evaluar la moralidad de votar por tal o cual partido político.

Por esta razón desaconsejamos el voto a cualquier partido que entre su ideario programático se encuentren cuestiones adversas a la dignidad humana como el aborto o el “matrimonio” homosexual. Aunque se escoja a un candidato dentro de ese partido que defienda la vida y la familia, hay que considerar que por el sistema de votación existe la posibilidad de que ese candidato no alcance a quedar, pero sí otro del mismo partido que muy probablemente vaya contra esos principios. De igual forma, si ese mismo candidato obtiene una gran votación, no sólo conseguirá su escaño, sino que arrastrará a otros del mismo partido que no tenían los votos suficientes.

Por otro lado, un congresista que tenga una postura contraria a la oficial de su partido, se va a ver en una situación sumamente difícil, pues la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Bancadas, faculta a los partidos a imponer sanciones, que pueden ir hasta la pérdida de la curul, a los congresistas que no sigan las decisiones de la bancada. En 2011 mientras se discutía el Proyecto de Acto Legislativo 6/11 Senado que iba a revocar la despenalización del aborto, el senador Jorge Londoño anunció su voto a favor del proyecto, pero luego, el Partido Verde decidió que oficialmente se opondría a él, y el senador terminó hundiendo el proyecto con su voto.

¿Es recomendable votar en blanco? ¿Y no votar?

El voto en blanco es una figura creada para que los ciudadanos puedan manifestar en su voto no haber encontrado opciones representativas en ninguno de los candidatos existentes. Dependiendo de la normativa en cada país, los efectos prácticos del voto en blanco pueden variar. En Colombia, la ley establece que cuando del total de votos válidos, más del 50% sean votos en blanco, se debe repetir la votación. Si es elección de presidente, gobernador o alcalde, no se podrán volver a presentar los mismos candidatos, pero si es elección de corporaciones públicas (congreso, asamblea o concejo), no se podrán presentar las listas que no hayan alcanzado el umbral de votación.

El voto en blanco es una forma plenamente legítima para expresar la inconformidad con todas las opciones presentadas. Por si mismo no representa un bien ninguno, pero si puede verse como una forma de resistir al mal. Ahora, no está de más preguntarse si quienes votan en blanco realmente han examinado a conciencia todas las opciones disponibles, pues de no hacerlo estarían evadiendo su responsabilidad con el bien común. De hecho, votar en blanco cuando de verdad haya candidatos que representen una opción válida, puede colaborar para impedir que esta llegue al congreso, pues como los votos en blanco se cuentan para el cálculo del umbral, el aumento en los votos en blanco ayuda a que las listas con menor votación queden por fuera.

En el caso de la abstención, es importante recordad lo que indica el magisterio pontificio respecto de evitar la participación en política.

“Puede muy bien suceder que en alguna parte, por causas muy graves y muy justas, no convenga en modo alguno intervenir en el gobierno de un Estado ni ocupar en él puestos políticos. Pero en general, como hemos dicho, no querer tomar parte alguna en la vida pública sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Tanto más cuanto que los católicos, en virtud de la misma doctrina que profesan, están obligados en conciencia a cumplir estas obligaciones con toda fidelidad. De lo contrario, si se abstienen políticamente, los asuntos políticos caerán en manos de personas cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para el Estado. Situación que redundaría también en no pequeño daño de la religión cristiana. Podrían entonces mucho los enemigos de la Iglesia y podrían muy poco sus amigos.” (León XIII, Immortale Dei )

“Pesada es, en consecuencia, la responsabilidad de todo el que –hombre o mujer– goza del derecho político del voto, sobre todo cuando los intereses religiosos están en peligro: en este caso, la abstención es, de por sí, sépanlo bien, un grave y fatal pecado de omisión. Por lo contrario, hacer uso y buen uso de este derecho, es trabajar con eficacia por el verdadero bien del pueblo, es obrar como leales defensores de la causa de Dios y de la Iglesia.” (Pío XII, Alocución Vous vous présentez)

Puede verse la contundencia con que los Papas critican el abstencionismo: Todo católico está obligado en conciencia a trabajar por el ben común de la sociedad, y la política es el espacio creado precisamente para esta búsqueda organizada del bien común. Por eso, cuando los valores fundamentales de la fe y la moral cristianas están en peligro, como en el caso actual, constituye pecado de omisión.

Empero, el Papa León XIII reconoce la posibilidad de una situación determinada en que no convenga participar en política, incluyendo el uso del derecho al voto. ¿Cuál podría ser esta situación? Ha de ser aquella en que cualquier tipo de participación implique necesariamente la cooperación con el mal, y por el contrario, no traiga bien ninguno. Podría pensarse en una situación hipotética en que haya elecciones pero en estas no haya ninguna opción moralmente válida, tampoco haya la posibilidad de votar en blanco, y por el contrario, el acto de votar legitime el régimen injusto.

Tomado de: Voto Católico