¿Tiene derechos el humano no-nacido?

Foro Cultural dynamics, globalization and education in a changing world

La paz, la corrupción lingüística, y el derrumbe de las relaciones con la verdad

Felipe Cárdenas

La primera victima del proceso de paz de Santos es la relación lingüística y la verdad. Parece que el logro de la paz romperá con el rigor de los códigos lingüísticos. Mírese en que termina reducida la categoría de crímenes de lesa humanidad. Las penas que generaría un crimen de guerra o genocidio, son de 5 a 8 años. Eso lo que quiere decir, es que la impunidad será la norma. Todo por el logro  de la paz. Evidentemente el sistema judicial colombiano, como la Constitución sufrirán una fuerte mutación semántica que tendrá el efecto de romper con la consistencia ontológica de las cadenas de significación. Los efectos: la banalización del mal en la vida de los colombianos. Todo por el logro de la paz. La Paz de Santos y de las Farc no soportan un análisis lógico de orden semántico y lingüístico. Todo por el logro de la paz. Lo cierto, es que el acuerdo de realizarse, cambiará ya sea para bien o para mal el modo de existencia de los colombianos. Ciertamente, el Acuerdo de Paz con las Farc no es la paz en sí misma. La paz tendrá que ser construida desde los usos sociales que todos los colombianos le quieran otorgar. No es simplemente una definición o un acuerdo. La paz refiere relaciones de todo orden; estas relaciones empiezan por el respeto a ciertas verdades ontológicas que parece que tanto el gobierno como la guerrilla de las Farc ignoran o no reconocen. Así, la única relación concreta que realizaron tanto la guerrilla como el gobierno, fue vincularse entre ellos y establecer una relación de hijo putativo y padre putativo. Creo que enormes sectores de la sociedad colombiana quedaron excluidos del acuerdo en mención.  Una de esas relaciones se vincula a principios no negociables. Tanto para el gobierno como para las Farc todo es negociable, por lo tanto el principio ontológico, no se cumple; es decir, estamos en el terreno de la convención social que nos impone la verdad relativa desde la que opera el gobierno y la guerrilla. Todo por el logro de la paz.

La paz del gobierno excluye el campo de los principios y busca alterar, mediante nociones como la de justicia transicional el campo lo los significados que operan en el terreno de la verdad y de las relaciones con la verdad de la palabra. La lógica empírica se viene expresando existencialmente autónoma con respecto a las verdades primeras. En palabras sencillas, la verdad y la justicia, y la reparación a las victimas se realizará a medias. No hay posibilidades ni intención en generar una justicia integral en el proceso de paz que adelanta el gobierno. Es una paz a medias.  Es una paz a medias que no va a establecer condiciones para una paz de orden existencial en la vida de los colombianos. Las corrupciones semánticas y sus implicaciones sociológicas son evidentes: i) penas ridículas para los crímenes de lesa humanidad, es decir banalización de la palabra crimen de humanidad ii) dejación de armas y no entrega de armas (lo que profundiza el derrumbe de los sentidos de la verdad) iii) justicia transicional, que es otra forma de encubrir la incapacidad del estado en lo referido a administrar justicia. Las Farc son las grandes ganadoras de este proceso. El país tendrá, bajo la política de la dejación de armas que seguir soportando las huestes armadas de las Farc en el territorio del país.

San Andrés, Providencia y sus mares son de Colombia.

Con dolor de patria se escribe lo siguiente: La sentencia equivocada de la Corte Internacional de la Haya no obliga a Colombia a su reconocimiento. El Estado colombiano en un acto de soberanía, debe de negarse a acatar el fallo de la Haya. Lo asisten razones históricas, jurídicas, políticas y técnicas. Colombia ha mantenido durante más de doscientos años su juridicción sobre los mares de dicha zona; lo asisten títulos jurídicos que vienen desde la época de la colonia; políticamente el Estado colombiano de aceptar el fallo, terminará perdiendo con el tiempo la soberanía sobre San Andrés, Providencia y los demás cayos. No podemos desconocer que al interior de las fuerzas sociales de las islas existen tendencias separatistas desde hace años. Y el el isleño no aceptará una condición geográfica atípica en la geografía política insular: el ser islas sin mares.  El Estado colombiano, que ha sido tan laxo en su política de fronteras y mares, no puede en esta oportunidad ceder ante las equivocidades de la Corte Internacional de la Haya. Dicha corte se ha equivocado totalmente y probablemente fue manipulada por la tecnocracia nicaragüense y por un nuevo derecho de mares que desconoce la tradición que asiste a la nación colombiana para negarse ha aceptar el fallo en mención. Los ciudadanos, como el gobierno, no pueden caer en un moralismo jurídico que nunca ha estado detrás de las acciones de las grandes naciones y civilizaciones del mundo. El acto heroico hoy, implica fuerza y tenacidad como nación; debe llevar a que todos los colombianos nos unamos y apoyemos a los isleños y habitantes de todo el archipiélago en la defensa de sus mares.  Nuestra reflexiones tienen que contrarrestar la delirante sentencia de la Corte Internacional, que sin méritos y probando una ficticia función caritativa, lo que pretende es imponerle a una nación unos dictámenes de orden arbitrarios y anti-éticos. Que lo acontecido con el fallo de la Haya, le sirva al gobierno colombiano para revisar su discurso soberano y para declararle la muerte política a quienes han sido responsables directos de la negociación en los últimos 20 años.  A esos señores, A, B,C o D, que han llevado nuestra representación política en el litigio, sus acciones erráticas deben  tener consecuencias políticas. Y dentro de esos señores, están los partidos políticos tradicionales, como los ex-presidentes que están vivos; ellos son directos responsables de la política de ilusión y ficción que tanto daño le ha ocasionado al país y uno de cuyo síntomas es la grave crisis que vive Colombia en sus fronteras marinas y en las relaciones que los últimos dos gobiernos han montado en lo referido a política minera.    Tenemos que pensar en una política soberana hacía el interior, como hacia el exterior de nuestras fronteras marinas y terrestres. Que el reino  de las falsas y equivocas representaciones políticas sea desintegrado, y que el Estado colombiano, por primera vez en su historia, asuma una orientación que nos coloque por encima del subdesarrollo mental permanente, que opera con violencia ante los movimientos sociales y populares, pero que es incapaz de responder con honor y gallardía ante la ofensa internacional que se refleja en una Corte a la que nunca debimos acudir. 

Felipe Cárdenas-Támara